La iniciativa de creación del servicio "Expediente Electrónico de Justicia Gratuita" se enmarca en el contexto de modernización de la Abogacía Española en su compromiso con la prestación del mejor servicio a la sociedad. Para lograrlo, el CGAE ha desarrollado, a través de su Proyecto Tecnológico, iniciativas pioneras como la Autoridad de Certificación de la Abogacía, la Intranet de Servicios colegiales RedAbogacía, el e-colegio o la Ventanilla Única, entre otros.
Dentro de sus funciones públicas, la Abogacía tiene encomendadas la garantía del derecho de defensa, establecido en el artículo 24 de la Constitución Española, y la gestión de laAsistencia Jurídica Gratuita, a través de la Ley 1/96 de 10 de enero, labor que desarrolla eficazmente a través de los Servicios de Orientación Jurídica y Turno de Oficio de los Colegios de Abogados.
En 2010 se firmó un convenio de colaboración tecnológica y Asistencia Jurídica Gratuita entre el Ministerio de Presidencia y el Consejo General de la Abogacía Española por el cual las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de las comunidades autónomas que aun no han transferido las competencias en materia de Justicia, pueden utilizar el expediente electrónico de Justicia Gratuita del CGAE para acortar la tramitación y resolverlos de forma "más ágil, segura y rápida".
Este servicio de tramitación electrónica de expedientes que ha puesto en marcha la Abogacía permite acortar los plazos de gestión de los documentos necesarios hasta en 40 días, recopilando de forma automática los datos para la justificación del derecho a la Justicia Gratuita, evitando a los ciudadanos tener que obtenerlos personalmente de las distintas Administraciones implicadas, eliminando molestias y minimizando además los errores del expediente administrativo.
Con este servicio, la Abogacía refuerza su papel en la "Administración Electrónica", centrando sus esfuerzos en un mejor servicio al ciudadano.
El sistema permite a los Colegios de Abogados conectarse de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social, el Catastro, o el Instituto Nacional de Empleo.
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