Una empleada de comercio, su marido desocupado y su cuñado son el trío protagónico de algo que parecía ya una utopía: la primera condena por lavado de dinero que se conoce en el país, una década después de la entrada en vigor de la ley que impone penas de prisión, multas y decomisos para ese delito.
Lejos de las complejas transferencias internacionales, los grandes operadores bursátiles, la corrupción política, las poderosas corporaciones o los paraísos fiscales, la condena para los lavadores llegó desde Córdoba por una trama de alcance barrial. Los otros actores son un dealerque trabajaba de colectivero y su mujer, que montó un local de venta de ropa "trucha". Con los fondos que blanquearon del trío que fue condenado compraron de todo: una casa, departamentos, autos y camionetas, un restaurante, televisores de plasma y hasta una mesa de pool.
