El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un anteproyecto de ley para regular el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y otro con el fin de agilizar los procesos civiles y contenciosos en los tribunales, que servirán para simplificar trámites y reducir costes innecesarios a los ciudadanos.
El primero de los anteproyectos aprobados establece las condiciones necesarias para poder tramitar en formato electrónico todos los procedimientos judiciales.
Se trata, según ha dicho el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, de pasar del "legajo al expediente digital", de las comunicaciones por correo certificado al correo electrónico y de "los grandes archivos documentales a las bases de datos".
El objetivo regular los aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia.
El Gobierno considera que el impacto económico de esta ley será positivo, ya que agilizará los procedimientos y eliminará muchas de las cargas que para la ciudadanía tiene el acceso a la Justicia.
Se establece además el marco legal necesario para hacer realidad la plena interoperabilidad entre las distintas aplicaciones que usan los juzgados y tribunales y se garantiza la seguridad y confidencialidad de la información almacenada en las mismas.
Otro de los anteproyectos de ley aprobados por el Gobierno, a propuesta del ministro de Justicia, incluye un paquete de medidas para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos, reducir costes y tiempo y racionalizar los recursos.
Con este anteproyecto se refuerza la obligación de las partes de comunicar al juzgado los cambios de domicilio para evitar dilaciones y se introducen medidas para eliminar los supuestos de enriquecimiento injusto en las subastas de bienes, eliminando la posibilidad de que el acreedor se adjudique los inmuebles del deudor por cualquier precio.
Otra de las medidas previstas en esta reforma, que en opinión de Caamaño, tendrá enorme trascendencia para la actividad económica, afecta a los recursos.
Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía -hasta 6.000 euros- para evitar el uso innecesario de las instancias judiciales y que los litigios se mantengan abiertos durante años.
En los recursos de casación, se refuerza el papel del Tribunal Supremo como instancia de unificación de doctrina aumentando la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes administrativo y civil, que pasa de 150.000 a 800.000 euros.
Por último, en el proceso monitorio para reclamar deudas se suprime el límite máximo de 250.000 euros y se equipara al sistema europeo, con lo que se amplía el uso de un instrumento que, según el Ministerio de Justicia, "ha demostrado su eficacia en las reclamaciones en un momento de crisis como el actual"
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